Pro Consumidor: En lucha constante contra los aumentos ilegales de viviendas

 El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este martes que esa institución está desbordada por las denuncias de adquirientes de viviendas en contra de las empresas constructoras que estarían imponiendo aumentos desproporcionales a lo previamente contratado.

El funcionario afirmó que han tenido que utilizar el 70 por ciento del personal que labora en los departamentos Jurídico, de Inspección y de Buenas Prácticas, en la resolución de conflictos surgidos entre constructoras y adquirentes de viviendas que entienden que sus derechos han sido afectados.

Asimismo, indicó que cerca del 85 % de las denuncias por supuestos aumentos de costos desmedidos han sido conciliados entre los sectores de la construcción y los consumidores, mediante una ardua labor de trabajo.

Al participar en el programa Despierta con CDN, Alcántara precisó que han tenido semanas en la que uno o dos casos les ha copado el tiempo completo, tanto el laboral como el personal, debido a que cada caso tiene casuísticas diferentes.

“Hay quienes reclaman cosas que tal vez dentro de lo que nosotros hemos establecido en el convenio no es posible que el razonamiento jurídico para una decisión pueda favorecerle, y en otros casos entendemos que se ha cometido algún tipo de timación bastante considerable en contra de los consumidores”, explicó.

Más de 500 casos resueltos en 4 meses

El titular de Pro Consumidor sostuvo que en los últimos cuatro meses han resuelto más de 500 casos de conflictos surgidos entre constructoras y adquirentes de viviendas, que no pudieron resolverse a través del consenso o reconciliación de las partes.

“Creamos una unidad de liquidación en principio donde encontramos expedientes pendientes desde el año 2015, porque muchas veces se actuaba con irresponsabilidad, en el sentido de que como este proceso no le va a favorecer al consumidor, entonces no lo resuelvo. Ese era un proceso que mantenía letargado tanto a los proveedores como consumidores”, añadió.

Sin embargo, aseguró que ya resolvieron todos los procesos que estaban pendientes al momento de asumir el cargo, así como las denuncias que recibieron hasta finales del mes de octubre.

El funcionario informó, además, que todos los meses reciben entre 100 y 150 reclamaciones por conflictos entre compañías constructoras y adquirentes de viviendas.

“Y hemos tenido que darle solución porque hay quienes no entienden que en cada reclamación o denuncia hay un debido proceso que se debe agotar, para preservar los derechos de ambas partes”, expresó.

El director de la entidad defensora de los consumidores indicó que para resolver los casos que generen situación de confrontación entre constructoras y adquirentes de viviendas, crearon la Unidad de Análisis para determinar si existen elementos que pudieran justificar la reclamación, antes de remitir los expedientes a conciliación.

 “Para no agobiarnos de expedientes que muchas veces los depositan sin ningún tipo de sustentación y, aun así, son bastantes”, manifestó. Sin embargo, precisó que el propio director ejecutivo de la entidad revisa, razona y emite cada resolución, apegado a la Constitución y las normas, tanto a las nuestras como a las sectoriales.

Aumentos se ajustan por inflación

En este sentido, destacó que a la fecha no hay una sola resolución de Pro Consumidor que haya sido revocada por algún tribunal, porque lo han hecho de acuerdo a la casuística de cada caso. “Han sido ajustadas a las estadísticas para el tema de la inflación cuando esa indexación está estipulado en el contrato que establece la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), y para servicio del Banco Central de la República Dominicana (BCRD)”, añadió  

El titular de Pro Consumidor explicó la lógica legal que la entidad defensora de los derechos de los consumidores utiliza para determinar el porcentaje de los aumentos del costo de las viviendas.

“Un ingrediente que muchos de los constructores no están de acuerdo es que en Pro Consumidor hemos dicho que, lógicamente, si hay una inflación establecida desde la ONE en los últimos tres meses y se va a producir un ajuste que esté estipulado en el contrato, debe ser ese porcentaje”, explicó.

Y, prosiguió: “Pero aparte de eso, es lo que queda por construir del inmueble. No es que vayamos a colocar una inflación que se produjo hace tres meses a un block que compraste, por ejemplo, a 10 pesos, colocarle esa inflación, como que el block que se colocó a RD$10 hay que cobrarlo a RD$15. Eso algunos no lo entienden, pero es la realidad. Nosotros estamos ajustando razonablemente desde el punto de vista de la lógica elemental y las normas todo lo que es correcto en una decisión”.

Dijo que hay casos de contratos de preventa de viviendas que no especifican el aumento, mientras que la mayoría de los convenios que establecen los incrementos no especifican la forma en que los aplicarán.

Pro Consumidor no lleva registros de esas estadísticas

Al preguntársele el porcentaje de resoluciones que han favorecido a las constructoras y las que han sido ventajosas para los consumidores, Alcántara respondió que Pro Consumidor no lleva registros de esas estadísticas, pero aseguró que por primera vez las resoluciones de esa entidad están firmadas con puño y letra de su director ejecutivo.

 “Significa que revisamos cada página, para que no haya ningún tipo de error o acomodamiento en cuanto a las consideraciones que pudieran dar lugar a un dispositivo favorable a una de las partes si no le corresponde”, añadió, al señalar que se trata de un tema delicado que impacta la capacidad de endeudamiento que pueda tener un consumidor.

A título de ejemplo, explicó que si a un adquiriente de vivienda se le aplica un aumento desproporcionado, es muy probable que dentro de lo que se proyectó para financiar en una entidad bancaria, cuando se le coloque el aumento es muy probable que no califique para ese monto, y se vea en la dificultad de no poder adquirir el financiamiento.

El funcionario indicó que esta situación también está afectando a todos los países con economías similares a la de República Dominicana, como son los casos de Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Argentina, México, Colombia, y otros.   

Sostuvo que la dificultad que tienen estos países es procurar encontrar el punto céntrico que les garantice tomar una solución acorde y adecuada que satisfaga a ambas partes, en el entendido de que entiendan que era lo que se debía estampar en la resolución.

Rol del conciliador

Alcántara precisó que, si bien el conciliador debe ser un ente imparcial, no menos cierto lo es que también puede ser un orientador de las partes, con el fin de hacerles razonar lo que conllevaría llevar el caso a los tribunales, “sobre todo en un sistema de justicia tan dilatado como el que tenemos en República Dominicana”.

Informó que están coordinando con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), para compartir impresiones a los fines de sacar el tema de lo mediático y resolverlos de forma preferiblemente conciliados al 100 por ciento.

En relación a las quejas por los aumentos que se generaron después de vencido el plazo que tenían las constructoras para entregar los apartamentos, el titular de Pro Consumidor reiteró que por esa razón evalúan los expedientes y toman su decisión de acuerdo a la casuística de cada caso.

“En estos casos…hay situaciones en las que ya el consumidor cumplió con todo, se le quedó de hacer la entrega en el 2019, en esa fecha no había pandemia, entonces hay que hacer lo que la lógica indica”, comentó.

El titular de la entidad defensor de los derechos de los consumidores exhortó a los ciudadanos que tengan conflictos de esta índole y sientan que les están afectando sus derechos a que acudan a esa entidad. 

Refirió que la estadística que tienen de más de un 85% de conciliación es un referente de que pueden resolver casos que, aunque teniendo ganancia de causa cualquiera de las partes, en el dilatado proceso que se produce en los tribunales ordinarios, ambas partes salen perdiendo.

El caso de la empresa de un ministro

Al ser cuestionado de los aumentos de hasta un 43% que la empresa CBS Developments, propiedad del ministro de Vivienda y Edificaciones de República Dominicana, Carlos Bonilla Sánchez, le estaría imponiendo a los clientes del proyecto Nuevas Terrazas, el funcionario dio garantía de que los casos que generen situación de confrontación entre constructoras y adquirientes de viviendas, se resolverán haciendo uso del razonamiento y lo estipulado en el contrato y las leyes, sin ninguna preferencia.

“Es peor que nosotros emitamos una resolución vulnerable desde el punto de vista de una revisión por un tribunal ordinario. Nosotros no tenemos ni vemos quién sea, nosotros razonamos cada resolución cada resolución de lo que se aplica de acuerdo al contrato. Nosotros podemos mostrar las resoluciones que hemos emitido de esa constructora y de otras reconocidas, porque no actuamos con preferencia”, argumentó.

Asimismo, expresó que el presidente Luis Abinader no permitiría que la institución que dirige emita una resolución haciendo uso de un tráfico de influencia en favor de alguien que no tenga la razón en un asunto específico.

Aunque aclaró que Pro Consumidor no puede ordenar en los casos de contratos que no tienen los aumentos estipulados, dijo que procuran que las partes lleguen a un acuerdo amigable. Sin embargo, indicó que en muchos casos los consumidores no tienen la razón.

El director de Pro Consumidor dio garantía de solución de todos los casos que generen situación de confrontación entre proveedores (constructoras) y consumidores (adquirentes) de compra de viviendas en proceso de construcción haciendo uso de la Constitución de la República, la Ley 358-05, las demás leyes sectoriales de la República Dominicana y las cláusulas del contrato.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *